Claudia Pardo
11/03/2024
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ÍNDICE
En este año 2024, la normativa tanto en España como en el marco regulatorio de la Unión Europea sigue firme en su postura: no se exigen impuestos por la instalación o generación de energía fotovoltaica.
Esta política refleja un compromiso continuo con la promoción de fuentes de energía renovable, en línea con los objetivos de sostenibilidad y transición energética. Además, este escenario garantiza que, a pesar de posibles cambios en la dirección política, la imposición de impuestos sobre la energía solar permanecerá fuera de alcance, respetando así las directrices establecidas por la Unión Europea para proteger y fomentar el uso de energías limpias y renovables.
Esta definición clara de las normativas ofrece seguridad a las personas y empresas que buscan apostar por la energía solar, fomentando el desarrollo hacia un futuro energético más ecológico y sostenible.
El “Impuesto al Sol” en España, introducido en 2015, fue una medida que frenó el avance hacia la transición energética, obligando a los propietarios de instalaciones solares a pagar por la energía generada, excepto en casos muy específicos.
Esto complicó la legalización de instalaciones fotovoltaicas y limitó las compensaciones por excedentes de producción. Sin embargo,en 2018, este impuesto fue derogado, impulsando medidas favorables para la transición energética y facilitando compensaciones por excedentes.
La derogación del impuesto y la nueva legislación de la UE en 2018 reconocen el derecho a participar en el sector energético, haciendo ilegales las tasas punitivas contra la energía renovable desde 2021. Este cambio normativo ha demostrado ser un gran avance para las energías renovables en España, reflejado en el aumento significativo de la potencia fotovoltaica instalada tras la derogación del impuesto.
Los costes asociados con la energía solar se limitan a la fase de instalación, particularmente a los impuestos sobre los procedimientos administrativos necesarios, como la obtención del permiso de obras. Estos incluyen principalmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas municipales.
En un movimiento hacia la promoción de la energía renovable, muchos ayuntamientos han optado por reducir o incluso eximir estos impuestos sobre las instalaciones solares, ofreciendo bonificaciones que pueden llegar al 95% en el caso del ICIO y al 100% en las tasas municipales. Estas políticas locales reflejan un compromiso creciente con el fomento de las energías limpias y sostenibles a través de incentivos fiscales.
Además de los incentivos fiscales aplicables al ICIO y las contribuciones municipales, la instalación de sistemas solares puede conducir a reducciones en otros impuestos. Un ejemplo es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), donde se pueden lograr bonificaciones de hasta un 50% en ciertas localidades durante varios años.
A nivel nacional, también existe la oportunidad de una deducción en el IRPF, que puede alcanzar hasta un 60% para comunidades de propietarios que opten por la energía solar.
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